La comisión bicameral comenzó ayer el estudio de los primeros dos artículos de más de 419 que tiene el proyecto de ley del Código Penal, en cuyo análisis trabajan 11 senadores y 21 diputados.
La delegación, que coordina el senador Santiago Zorrilla, unificó las cinco propuestas de ley y acordó aprobar 10 artículos en cada reunión semanal de trabajo, a fin de que la pieza pase en esta legislatura. Sin embargo, como en la jornada de ayer se comenzó tarde, solo avanzaron los dos primeros.
Los artículos más conflictivos, en los que no haya acuerdo serán debatidos al final, adelantó Zorrilla, quien expresó que la próxima asamblea de los legisladores será después de la Semana Santa.
Los miembros de la comisión son: por el Senado, además de Zorrilla, Pedro Catrain, Antonio Manuel Taveras, Omar Fernández, Rafael Barón Duluc, Aracelis Villanueva, Franklin Romero, Félix Bautista, Ramón Rogelio Genao, Lía Díaz y Cristóbal Venerado Castillo.
Novedades
Entre las novedades de la nueva pieza, que sustituiría a la de 1884, están la pena acumulada de hasta 60 años, 40 años la prisión para el sicariato y el feminicidio, castigo a los reincidentes y sanciones más drásticas contra la corrupción.
Además, señala que los culpables de hostigamiento o bullying serán sancionados con medidas socioeducativas, multas y prisión menor, y si el agresor es mayor de edad se sancionará con 15 días a un año de prisión, así como uno o dos salarios mínimos del sector público.
Comisión de diputados
Los diputados son: Wendy Batista, Shoraya Suárez, Carolin Mercedes de la Cruz, Carlos Sánchez, Sadoky Duarte, Braulio Espinal, Dorina Rodríguez, Dellys Féliz, Luis Báez, José Miguel Ferreiras, Carmen Williams, Charles Mariotti, Carlos de Pérez, Jorge Tavárez, Mélido Castillo, Pedro Martínez, Kenia Bidó, Eugenio Cedeño, Ramón Martínez, Elías Wessin Chávez y Rogelio Alfonso Genao.
Ya en 2021, muchos de estos legisladores completaron el estudio del Código Penal, pero no fue sometido en las cámaras legislativas, debido a las opiniones encontradas.
En este nuevo intento, los legisladores señalan que hay voluntad política para aprobar la normativa, porque, «no hay presiones externas».
Dicen que hay voluntad política, debido a que no hay supuestas presiones de entidades externas, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), suprimida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
