Aunque el Poder Ejecutivo ha dado el primer paso hacia una nueva ley de expresión y difusión del pensamiento, en el Congreso se han estudiado proyectos que intentaron mejorar la libertad de expresión o coartarla, pero ninguno superó el debate legislativo.
El que logró más avances fue depositado en el año 2021 por el exdiputado Elpidio Báez, quien presentó una propuesta de ley sobre expresión y medios de comunicación que, en esencia, buscaba modernizar la normativa 6132.
El proyecto, aunque avanzó mucho perimió por la falta de avances a lo interno de la comisión que lo estudió. Este buscaba regular aspectos como la cláusula de conciencia en el periodismo, la rectificación de publicaciones en medios informativos, el secreto profesional, los contenidos presentados en televisión nacional y sus horarios, los espectáculos en vivo y las sanciones por difamación pública.
Ley de la DNI
Otro proyecto que registró un notable avance y hasta llegó a ser promulgado como ley es el que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aprobado totalmente por el Congreso y que, en algunos artículos, golpeaba a la prensa al ordenar que todos los ciudadanos e instituciones debían entregarle información y datos confidenciales sin la autorización de un juez.
Posteriormente, la Ley 1-24 fue eliminada por el Tribunal Constitucional, que alegó una incorrecta aprobación de la normativa cuando aún era proyecto en la Cámara de Diputados. De acuerdo con la sentencia, el documento fue aprobado como una ley ordinaria cuando realmente fue una ley orgánica.
En mayo del 2022, el Senado aprobó en segunda lectura un criticado proyecto de ley orgánica que regularía el Ejercicio del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen, tildado como “ley mordaza” que, en esencia, incluía serias sanciones para quienes insulten “de forma innecesaria” a cualquier persona a través de los medios de comunicación. La pieza nunca prosperó.
Ciberseguridad
Un mes después, en junio del 2022, otro proyecto del Poder Ejecutivo (que nunca avanzó) perseguía regular la ciberseguridad en el país e incluía un artículo que proponía hasta cuatro años de cárcel contra quienes difundieran cualquier material audiovisual que se considere discriminatorio, un término ambiguo que no permitió la aprobación de la pieza.
En agosto del 2022, el diputado Eugenio Cedeño, del PRM, depositó un proyecto de ley para regular la publicidad estatal en los medios de comunicación. En unas vistas públicas para debatir la pieza, la Sociedad Dominicana de Diarios expresó que cualquier interpretación de la ley pudiera ser un obstáculo a la libertad de expresión y al libre ejercicio de los medios de prensa.
Las críticas al proyecto del Poder Ejecutivo
El nuevo proyecto de libertad de expresión, presentado el viernes por el Poder Ejecutivo, cuenta con el apoyo de la Sociedad Dominicana de Diarios y la fundación Institucionalidad y Justicia. Empero, otros han criticado algunos aspectos de su contenido.
Por ejemplo, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que el proyecto necesita más discusiones para que no contradiga a la Constitución, además de considerar que la creación del Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom) sería “riesgoso” si depende directamente del Poder Ejecutivo, como lo establece la pieza.
Mientras que el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, expresó que el proyecto contiene artículos que aparentan proteger derechos, pero que, a su juicio, son un “modelo de control disfrazado”, especialmente con la creación del Inacom.
Así también lo entiende el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que alegó ayer que el Inacom provocaría “una concentración de poder” en contra de los medios de comunicación, además de advertir supuestas intenciones de censura en el proyecto, por lo que pidió una consulta pública para el avance del proyecto.
Mientras tanto, el proyecto se encuentra en fase de análisis en una comisión especial del Senado que lidera la congresista Aracelis Villanueva.
