
Las vistas públicas realizadas ayer lunes para discutir el proyecto de ley que regula las candidaturas independientes han puesto de manifiesto una serie de aspectos que preocupan a diversos sectores.
Representantes de la sociedad civil, movimientos políticos y expertos en el ámbito electoral coincidieron en que la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) presenta obstáculos que podrían dificultar la participación de candidatos sin afiliación partidaria en las elecciones de 2028.
Entre las críticas más recurrentes se encuentra la exigencia de recolectar firmas equivalentes al 2 % del padrón electoral para respaldar una candidatura independiente.
Es una barrera
Según expertos en derecho electoral, este requisito representa una barrera significativa para quienes deseen postularse fuera de los partidos tradicionales. Además, la imposibilidad de establecer alianzas con otras fuerzas políticas ha sido señalada como un factor que restringe la competitividad de estas candidaturas.
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Organizaciones como Participación Ciudadana y Finjus han expresado su preocupación por la rigidez de la normativa propuesta, advirtiendo que podría derivar en un recurso ante el Tribunal Constitucional.
- En contraste, los partidos mayoritarios han defendido el proyecto, argumentando que establece reglas claras y equitativas para todos los aspirantes.
La comisión especial de la Cámara de Diputados continuará evaluando las observaciones y posibles modificaciones.