El Poder Ejecutivo devolvió el proyecto del ley orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE) por una serie de anomalías, pese a que la normativa había recibido el voto unánime y aplaudida por los jueces, porque buscaba regular el funcionamiento, garantizar la independencia y autonomía esa alta corte.
Las observaciones a la normativa -que deroga la Ley 29-11- fueron hechas a través de una carta del 6 de junio, enviada por el presidente Luis Abinader al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. En el informe se destacan irregularidades en la redacción y un aumento salarial desproporcionado a los jueces, lo que entiende que sería incongruente y que provocaría una disparidad con los sueldos de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).
Las sugerencias fueron aprobadas en la sesión de este martes y enviadas a la Cámara de Diputados para validarlas y devolverlas al Poder Ejecutivo para la proclamación.
La normativa actual estipula que los jueces del TSE y los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) devengan 375,000 pesos, según estipula la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial. La aprobada ahora señala, en su artículo 9, que estos ganarán los mismos salarios que los jueces del Tribunal Constitucional (TC), para un aumento de 46 %.
En su carta, el Ejecutivo le dejó saber al Senado que eso provocaría un desnivel salarial entre el TSE y la JCE, los cuales pertenecen al mismo sector del Estado. Como alternativa, le sugirió agregar un párrafo para que el TSE indexe los sueldos de forma periódica acorde a la inflación que publica el Banco Central.
«No se trata de que simplemente una ley posterior en el tiempo modifica otra… el abordaje y manejo del tema de la política salarial debe asumirse con extremo cuidado, ya que una política salarial inadecuada es susceptible de fomentar significativos descontentos sociales», indica el documento.
Sin facultad para gremios y juntas electorales
Otra observación fue realizada al artículo 12, que faculta al TSE para conocer conflictos internos a agrupaciones cívicas y sociales, lo que recargaría de casos a dicho órgano, desnaturalizando su competencia jurisdiccional.
En ese sentido, Abinader le sugirió conocer exclusivamente aquellos conflictos internos de esas organizaciones privadas relativos a la aplicación de la normativa electoral o por la afectación de derechos políticos-electorales relacionados con las candidaturas propuestas.
Además, el artículo 20 de la pieza que aprobó el Congreso, da potestad al TSE para atribuir competencias a las juntas electorales. Sin embargo, el Ejecutivo les recordó que, de acuerdo al artículo 214 de la Constitución, este órgano «solo puede regular los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero».
Asimismo, recomendó modificar el párrafo I del artículo 7 del proyecto aprobado para que diga: «El Consejo Nacional de la Magistratura dispondrá cuál de los jueces ocupará la Presidencia del Tribunal, conforme lo estipula la Constitución de la República».
Sin oposición
Después que la secretaria leyó los puntos, el senador Félix Bautista, coautor de la pieza junto a Pedro Catrain, acogió como «pertinentes» las sugerencias del Poder Ejecutivo y favoreció el voto con las mismas.
El proyecto
Antes de aprobar el proyecto de Ley Orgánica del TSE -que busca regular el funcionamiento, garantizar su independencia y autonomía- el Senado consultó con los propios jueces, para luego, en noviembre del 2024, aprobarla a unanimidad con 26 senadores presentes.
Entre las novedades está la creación del Instituto Nacional de Capacitación en Derecho Electoral (Incade), a fin de promover el estudio del Derecho Electoral, así como la difusión de la labor jurisdiccional del TSE.
