Una de las cualidades más elogiadas de la República Dominicana es su estabilidad política. Esta realidad, que se refleja cada vez con más frecuencia en investigaciones internacionales, contrasta con otra cara importante de la misma moneda: la creciente apatía de la ciudadanía hacia la política.
En su análisis Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral, Participación Ciudadana (PC) expone una situación que se percibe con fuerza entre la población: el deterioro de la credibilidad de los partidos políticos.
En este informe, la organización cita investigaciones previas que afirman que el 42 % de los dominicanos considera que la democracia puede funcionar prescindiendo de los partidos.
En 2023, Latinobarómetro también destacó que el 74 % de los dominicanos opina que los partidos funcionan mal o muy mal.
“La legitimidad que tienen como vehículo de representación de intereses sociales es muy, muy, muy, muy bajita y, aun siendo bajita históricamente, sigue descendiendo”, explicó Gustavo Oliva, investigador a cargo del estudio.
El sociólogo y politólogo señaló que esta variable muestra un ligero incremento en los años de cambio de gobierno, seguido por un descenso en la valoración que tienen los partidos.
El especialista añadió que la República Dominicana posee uno de los sistemas de partidos más débiles de la región en materia de institucionalización.
El segundo país de la región con más compra de votos
El clientelismo electoral es una realidad que se manifiesta en el país tras cada proceso electoral. Es un problema visible en la prensa, en los tribunales competentes, y se estima que involucra a más de un millón de votantes cada año.
Estos datos fueron presentados por Oliva al citar el indicador V-Dem 2024, que ubica al país como el segundo con mayor cantidad de compra de votos.
Añadió que la compra de votos no es lo mismo que la compra de cédulas, que ocurre el día de las elecciones, sino que abarca toda la campaña electoral. Las promesas de cargos, donaciones, entrega de alimentos y electrodomésticos, así como otras expresiones tradicionales del sistema, forman parte de esta práctica.
El diagnóstico identificó que un 16 % de los gastos de campaña reportados en 2024 coincidía con intercambios clientelares orientados a influir en la decisión de voto.
En este sentido, la organización propuso que la nueva redacción de la ley debe prohibir explícitamente el uso de la contribución estatal para la compra de votos y tipificar de forma exhaustiva los comportamientos que serán sancionados.
Se indica que la normativa debe proscribir el uso de fondos públicos para donaciones en efectivo o en especie durante todo el lapso de campaña y precampaña, así como fuera del período electoral.
