Los diputados aprobaron este miércoles en una segunda discusión y a unanimidad el proyecto para una nueva Ley de Contrataciones Públicas que, además de proponer penas carcelarias para los funcionarios que negocien con el Estado, establece la “Tienda Virtual” para las compras en las entidades y prohíbe el fraccionamiento de los contratos, entre otras disposiciones.
Uno de los principales focos del proyecto es que establece penas de prisión para los funcionarios que violen las prohibiciones establecidas por la ley, incluyendo legisladores y servidores públicos que negocien con el Estado, así como para los empresarios y contratistas que cometan corrupción en los procesos.
La propuesta legal que aprobaron los diputados se propone sustituir una vieja Ley de Compras y Contrataciones promulgada en el año 2006, que, aunque prohíbe a los funcionarios beneficiarse de contratos con el Estado, no establece ninguna sanción penal.
La ley 340-06 solo contempla sanciones administrativas como inhabilitación del cargo y deja a disposición de otras leyes cualquier consecuencia penal.
Prisión para funcionarios
El nuevo proyecto, elaborado tras meses de estudio por una comisión especial de la Cámara de Diputados, incluye un título penal con sanciones para quienes incurran en prácticas corruptas vinculadas a la contratación pública y establece consecuencias para quienes falseen información, participen en contratos prohibidos o incurran en tráfico de influencias.
En particular, el artículo 234 contempla penas de dos a cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que se involucren en negocios con el Estado y sanciona con hasta 10 años de cárcel a contratistas que ofrezcan sobornos para obtener obras o servicios públicos.
Otras novedades
El proyecto de ley también dispone que las instituciones deberán adquirir productos o servicios a través de una plataforma oficial en línea llamada Tienda Virtual, siempre que los ítems estén disponibles allí.
Las entidades solo podrán salirse de ese mecanismo si demuestran que otro proveedor ofrece mejores condiciones y previa autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Además, la pieza argumenta que se sancionará a las instituciones que dividan las contrataciones para evitar controles o para operar por debajo de los umbrales que exigen las licitaciones.
El proyecto establece que no se podrán hacer contrataciones por separado dentro de un período de tres meses si corresponden al mismo tipo de bien o servicio.
Además, la iniciativa institucionaliza el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, una plataforma donde deberán registrarse todas las fases del proceso: planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre de las contrataciones.
Cualquier contratación realizada fuera del sistema no tendrá validez legal y podría ser sancionada.
Promesa de Abinader
En noviembre del 2024, el presidente Luis Abinader pidió al Congreso que agilice la nueva ley de contrataciones, pero la iniciativa se detuvo por muchos meses en la Cámara de Diputados por la inconformidad de algunos sectores con la pieza.
Ocho meses después, la Cámara de Diputados logró una iniciativa consensuada y ahora la enviará al Senado para el mismo proceso congresual.
