Un grupo de diputados optó por desafiar la orden del Tribunal Constitucional (TC) de elaborar una ley para regular las candidaturas independientes, desconociendo el poder que le otorga la Constitución en cuanto a que sus decisiones son “vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
Los legisladores ahora entienden que la figura de la candidatura independientes que ellos introdujeron en la Ley Electoral (20-23) es inconstitucional, a pesar de que el TC no lo consideró así, y sugirieron una “eventual” reforma a la Carta Magna.
Mientras los congresistas ordenan sus ideas, la última regulación vigente es la interpretación que hizo el mismo TC en su sentencia, en la cual estableció requisitos mínimos para los aspirantes sin partido.
Ellos quedan ahora con las puertas abiertas para inscribirse fácilmente, justo lo que han objetado los partidos políticos. Esta situación augura un panorama complicado para las elecciones del 2028, con la Junta Central Electoral (JCE) como único recurso para poner orden.
“Aquí lo más preocupante es que los candidatos independientes podrán inscribir sus candidaturas ante la JCE sin ningún requisito previo como establece la sentencia del TC», advierte Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana (PC).
La activista teme que una avalancha de aspirantes genere conflictos en la logística electoral y permita la entrada de personas «que no representen los intereses legítimos del pueblo dominicano”.
Desde la misma entidad, el abogado Francisco Álvarez (Pancho) estima que «la ausencia de una ley coloca en una posición muy difícil a la JCE, que no puede rechazar las candidaturas independientes«.
Lo anterior significaría una victoria para los defensores de las candidaturas independientes pues, como señala Alberto Fiallo-Billini, los miembros de la cámara baja han optado por hacer una «rabieta» y están renunciando a su facultad de controlarlas.
Este abogado fue el ganador de la controversial sentencia (0788/24) que a las agrupaciones políticas tradicionales en el riesgo de tener que competir con figuras ajenas al sistema de partidos.
Requisitos mínimos
El Congreso había contemplado desde el año 1923 la posibilidad de postularse de manera individual, pero las exigencias eran imposibles de cumplir y, en la práctica, nadie había logrado inscribirse.
Los jueces del TC determinaron que la Ley 20-23 requería para la presentación de candidaturas independientes la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos clásicos, lo cual desnaturalizaba esta figura y limitaba su accesibilidad.
En virtud de eso, modificaron la redacción por una que estipuló agrupaciones cívicas o sociales “de naturaleza espontánea y sin ningún requisito previo de inscripción”.
Los artículos 156 y 157 pasaron a requerir solamente la declaración previa, con 75 días de antelación a las elecciones, y la presentación de una organización directiva y de un programa de gobierno.
Al mismo tiempo, pidieron al Congreso legislar para establecer requisitos mínimos, con la condición de que se garantice “la seriedad y viabilidad de estas postulaciones”.
Sin embargo, el anteproyecto de ley que redactó la JCE y que estudiaba una comisión especial en la Cámara de Diputados “crea barreras importantes y casi imposibles”, recuerda la coordinadora de PC. Entre ellos estaba la recolección de una cantidad de firmas equivalentes al 2 % del padrón electoral en sólo 30 días.
Aun así, los comisionados también se negaron a favorecer el borrador de la JCE. “Lo que se está concluyendo y recomendando es que, más adelante y eventualmente, las candidaturas independientes, si ese es el sentir de la población y de la sociedad, se constitucionalice, es decir, que habría que modificar eventualmente en la Constitución”, explicó el lunes Elías Wessin Chávez, presidente de la referida comisión.
«Un error»
Para Pancho Álvarez esto es un error, porque el TC “reconoció la existencia de las candidaturas independientes y solo una reforma constitucional o un cambio de criterio del tribunal constitucional pueden excluir este tipo de candidaturas”.
“Tal vez lo que andan buscando es que el tema pueda volver al Tribunal Constitucional y presionar a sus miembros para que cambien de criterio”, especula el jurista.
Los congresistas conocían otras dos propuestas de ley, una de las cuales resolvía eliminar de la 20-23 la problemática figura, pero consideraron que esta pieza también chocaba con la Constitución.
“Lo que queda es que la JCE emita los reglamentos necesarios para poder hacer valer esas candidaturas que serán inscritas, independientemente de lo que decida o no el Congreso, van a ser inscritas para el 2028”, espera Fiallo-Billini, a quien el órgano electoral le rechazó su intento de ser candidato independiente para la senaduría del Distrito Nacional en el año 2024.
