Todavía no se puede hablar de que agoniza, pero corre peligro de muerte. Tanto como que le quedan cinco meses de vida. Si no es aprobado durante ese plazo en el Senado y en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales corre el riesgo de perimir porque, tras su sometimiento, no ha sido votado dentro de dos legislaturas seguidas, como lo establece la Constitución.
La iniciativa fue depositada por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, en medio de la legislatura que abarcó los meses de enero a julio. En ese periodo, el proyecto tuvo pocos avances y solo se leyó completamente en una comisión especial, donde discutieron su contenido de forma profunda en dos reuniones.
- La pieza ahora debe ser aprobada en la actual legislatura (agosto-enero), pero aún le espera un largo tránsito congresual: la conclusión del análisis a que ha sido sometida en una comisión especial del Senado; su aprobación en dos discusiones en la Cámara Alta y, luego, el mismo procedimiento en la Cámara de Diputados.
Para que pueda convertirse en ley, el artículo 104 de la Constitución ordena que, una propuesta debe ser votada en un tiempo límite de dos legislaturas, si no es sometida a votación en ese tiempo, se considerará como perimida.
Ya no es prioridad
Cuando fue depositada por el Poder Ejecutivo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, enlistó la pieza dentro de los proyectos prioritarios del Congreso, pero esa prisa inicial se ralentizó pronto.
Al ser consultada sobre el avance del proyecto, la senadora Aracelis Villanueva, quien preside una comisión especial para revisarlo, admitió que el Código Penal y otras piezas provocaron que la propuesta sobre libertad de expresión quedara atrás.
Sin embargo, prometió que en la actual legislatura esta será retomada, aunque recordó que la comisión la que tiene la última palabra sobre el proyecto.
El camino
Desde que se sometió, en mayo de este año, la propuesta fue enviada a la comisión especial que se ha encargado de discutirla con sectores como la comisión designada por el Poder Ejecutivo para elaborar la pieza y Participación Ciudadana. Ambas apoyaron el proyecto, al igual que la Sociedad Dominicana de Diarios y la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS).
Pero Participación Ciudadana propuso algunas modificaciones por considerar que, si se aprueba tal como está, la ley permitiría borrar datos citados en los procesos judiciales.
Esto debido a que el artículo 59 de la pieza establece la posibilidad de que un tribunal ordene la eliminación de afirmaciones consideradas difamatorias en el marco de un litigio legal, pero la organización entiende que esa medida sería incompatible con la naturaleza de los procedimientos penales, en los que se presentan acusaciones que pueden contener afirmaciones sensibles.
La ley propuesta reconoce el derecho a toda persona de acceder a internet independientemente de su condición social, económica y geográfica, para asegurar el disfrute efectivo del derecho a las libertades de expresión e información, así como a otros derechos fundamentales.
El Estado propenderá a garantizar un acceso universal, ubicuo y equitativo, económicamente accesible y de calidad adecuada a la infraestructura de Internet y a los servicios de las tecnologías de la información.
Todas las decisiones de la ley se aplicarán a las plataformas digitales comerciales, tales como redes sociales que tengan una comunidad de usuarios que represente más del 10 % del total de usuarios de internet.
