El consorcio Emdoc es el único que pasó a la fase final en la licitación internacional para suplir los materiales, equipos y servicios que se usarán en la impresión de una nueva cédula de identidad y electoral.
Detrás de esta sociedad hay cinco empresas, cuatro extranjeras y una dominicana, una de las cuales tuvo la experiencia de imprimir el documento de identidad similar de Haití.
La líder del grupo es la compañía GSI International, originaria de Panamá y con domicilio legal en República Dominicana cuyo representante en el país es Bernardo Antonio Pérez Díaz. Sus accionistas son el panameño José Alberto Lisac Vélez (50%), el salvadoreño Juan José Borja Papini (46%) y el argentino Roberto Armando Siegrist (4 %).
El conglomerado está compuesto también por la empresa dominicana IQtek Solutions, la panameña Ultra Tech y las alemanas Mühlbauer ID Services GmbH y Veridos GmbH.
Veridos GmbH ha tenido experiencia en la región pues fue responsable de producir alrededor de seis millones de cédulas electrónicas en Haití, un contrato vigente desde 2019 y que se extiende hasta 2025, de acuerdo con un documento certificado por Jean Osselin Lambert, director del Ministerio del Interior y Comunidades Territoriales de ese país.
Dentro del grupo, la pieza clave es Mühlbauer ID Services GmbH, compañía alemana que ofrece todo el espectro de soluciones para la emisión de documentos de identidad. Sus servicios han sido contratados en países como España, Montenegro, Mozambique, El Salvador y Guatemala. La mayor parte de la empresa (90 %) está en manos de su fundador, Josef Markus Mühlbauer.
Por su parte, IQtek Solutions, de capital dominicano, tiene como socios a Roberto Rodríguez Morel (47 %), Junior Manuel Tolentino Méndez (30 %), Magín Ferreiro Díaz (16 %) y Marucho Méndez Triunfel (7 %).
La firma ha participado en distintos procesos de compras públicas vinculados a la provisión de equipos y servicios tecnológicos. Entre ellos, un contrato en 2020 con el Ministerio de Hacienda para mantenimiento de sus plataformas informáticas y central telefónica por RD$800,422.03, y la provisión al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) de licencias de Office 365 y Correo Online por RD$19.1 millones.
La sociedad Ultra Tech, otra integrante del consorcio, está representada en República Dominicana por Horacio Escolástico Calvo Ramírez. Sus accionistas son la colombiana Mayra Patricia Olivo Molina, con el 70 % de las acciones, y el panameño Oliver Jamal Calvo Ramírez, con el 30 %.
La adjudicación
Sólo falta que la JCE decida y anuncie si adjudicará el contrato a Emdoc, después de que los otros dos consorcios fueron inhabilitados por no cumplir todos los requisitos y de que su propuesta económica fue revelada el martes.
El conglomerado tasó el trabajo por 3,363.3 millones de pesos, por encima de los 2,081.6 millones que ofreció la JCE. La diferencia es de 1,281.6 millones.
Todavía sin presupuesto
El dinero para este proyecto no había sido incluido en el presupuesto del 2024, año en que inicialmente se programó que comenzara la renovación del carné, ni tampoco para el 2025. Una fuente del gobierno ha informado que la partida sería consignada para el 2026.
El director financiero de la JCE certificó el 7 de marzo del 2024 que tomaría las acciones necesarias para cubrir los 2,081.6 millones de pesos, divididos en dos partidas: 807.5 millones de pesos para el 2024 y 1,274.1 millones para el 2025.
Pero el proceso de licitación se pausó y se retomó en 2025.
La nueva ley de Contrataciones públicas establece en su artículo 94 que la apropiación presupuestaria “no podrá ser modificada, cancelada o reutilizada, salvo que el procedimiento de contratación tenga la misma suerte de haber sido modificado o cancelado, para garantizar que los fondos apropiados siguen estando disponibles”.
