Aunque el reglamento del Senado da un plazo de 15 días al órgano legislativo para enviar cualquier proyecto aprobado al Poder Ejecutivo, los legisladores rompen con sus propias reglas al retener por 42 días la pieza que modifica la polémica ley de residuos sólidos.
Cuestionado por la violación a su propio reglamento, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo ayer que el Gobierno y el órgano que dirige se mantienen “en constante comunicación” sobre el proyecto para que las observaciones lleguen al Congreso muy consensuadas y sin la necesidad de debatirlas a profundidad.
De los Santos agregó que, con la larga retención, el Senado no está violando ninguna ley ni la propia Constitución.
- “Yo no estoy haciendo nada incorrecto y estoy respetando las leyes”, contestó de forma escueta el presidente del Senado cuando se le cuestionó por el retraso en el envío al Poder Ejecutivo de la recién aprobada modificación de la ley.
Los reglamentos
Aunque ciertamente la Constitución no establece ningún plazo para que el Congreso le envíe los proyectos que aprobó al Poder Ejecutivo para su promulgación, los reglamentos congresuales sí ponen un límite.
En el caso del Senado, el artículo 180 de su reglamento, en su primer párrafo, establece que, si la iniciativa aprobada por los senadores requiere su tramitación a la Cámara de Diputados o al Poder Ejecutivo, el plazo para remitirla a dichas instancias “no será mayor a quince días, desde la fecha de aprobación de la misma”.
En ese orden, y de, acuerdo con los reglamentos, las modificaciones a la ley de residuos sólidos que se aprobaron el 23 de julio debieron ser enviadas al presidente Luis Abinader el jueves siete de agosto o antes.
En su último encuentro de LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader respondió que las causas del retraso en el envío del proyecto deben ser explicadas por el Senado. De acuerdo con la Constitución, el mandatario tiene la facultad de promulgar u observar la ley y, en caso de observarla y devolverla al Congreso, los legisladores solo pueden aceptar o rechazar las recomendaciones del presidente.
La ley polémica
En medio del estudio del proyecto que modificaría la ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el Congreso no logró un acuerdo total con todos los sectores que serían impactados con la ley y se vio obligado a aprobar el proyecto casi al final de la legislatura pasada.
Por ejemplo, después que la ley fue aprobada en el Congreso, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) advirtió que la pieza representaba una amenaza directa y letal para la sostenibilidad de más de un millón de mipymes en todo el país y, entre las preocupaciones señaladas por el gremio, destacan un “aumento desproporcionado en la contribución especial sin estudios técnicos ni capacidad de pago del sector”.
En contraste, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) acusó al presidente del Senado de mantener en condición de “secuestro o engavetada” la legislación, en una acción que calificó como sin precedentes en Congreso. Aseguró que la no puesta en vigencia de esta ley afecta la dinámica de higiene, salud, ornato y protección del medioambiente entre los habitantes de los municipios y distritos municipales de todo el territorio nacional.
