El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llamó la atención sobre un patrón creciente de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional reportadas como “intercambios de disparos” que, en su consideración, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El partido morado denunció que, al mismo tiempo en que las autoridades reportan una reducción de la tasa de homicidios, los fallecidos por intervención policial aumentaron un 195% en los últimos cuatro años.
Los caídos en los llamados intercambios de disparos y por otras acciones de las fuerzas del orden subieron hasta llegar a los 227 casos en agosto del 2024, según datos oficiales.
Hicieron alusión a las 107 víctimas de las fuerzas de seguridad pública que hasta la fecha reporta el periódico Diario Libre en su registro de muertes en estas circunstancias desde el 2004, como parte del trabajo de investigación Patrulla Letal. Este número corresponde solamente a los casos publicados en los medios de comunicación.
En un comunicado leído por el vicepresidente del PLD, Aris Yván Lorenzo, aseguraron defender el derecho a la seguridad ciudadana, pero rechaza toda práctica que vulnere el derecho a la vida y el debido proceso.
Recordaron que el Informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por agentes estatales en la República Dominicana. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró audiencias en 2024 sobre el derecho a la vida en el contexto de acciones policiales.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece los principios de actuación de los agentes: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, el Reglamento de uso de la fuerza del Ministerio de Interior y Policía (MIP) dispone que la fuerza letal debe minimizar daños y ser congruente y proporcional.
En virtud de lo anterior, los peledeístas exigieron que se desarrollen investigaciones penales independientes de inmediato respecto a cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota —estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales)—, garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
Pidieron, además, la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones.
El partido de oposición demandó el uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagarlas o manipularlas durante los operativos.
“Asimismo, requerimos la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad”, indicó Lorenzo.
Sugieren llevar a cabo una auditoría externa semestral del uso de la fuerza a cargo del Defensor del Pueblo, con la participación de universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como el fortalecimiento de Asuntos Internos de la Policía.
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Creación de una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas.
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Regla de 72 horas: publicación, del parte técnico mínimo de cada caso (hora, lugar, unidad actuante, motivo de la intervención, evidencia levantada, armas incautadas y videos disponibles).
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Cobertura nacional de cámaras corporales y protocolo de activación obligatoria con integración a la cadena de custodia digital.
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Plan de capacitación y recertificación en uso diferenciado de la fuerza, desescalada y armas no letales para las unidades de mayor letalidad.
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Asistencia técnica internacional (CIDH/ONU) para revisar el marco operativo y elevar los estándares de rendición de cuentas.
