Varios abogados cuestionaron la legalidad de la decisión de tomar 6,000 millones de pesos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) para mitigar los problemas financieros del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
El abogado administrativo Olivo Rodríguez Huertas advirtió que la Resolución 619-08 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) podría entrar en contradicción con la Ley 397-19, que creó al Idoppril y que definió fines específicos para sus reservas técnicas.
“Esa ley señala muy claramente cuál es el destino de esos recursos, que obviamente tienen que ver con los aspectos que conciernen a su ámbito regulatorio y a su razón de ser como institución de protección de la salud y de los riesgos laborales de los trabajadores. Entonces, cualquier cosa que se haga fuera de ahí necesita, por supuesto, una modificación de carácter legal”, alega.
Esta transacción fue autorizada por un informe técnico de la Superintendencia de Riesgos Laborales (Sisalril) que evaluó “la factibilidad del uso de excedentes de reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) para apoyar al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)”.
Respecto a estas dudas, el titular de la Sisalril, Miguel Ceara Hatton, asegura que la resolución es legal. “Hasta donde yo entiendo fue legal, así que no tengo más nada que agregar”, indica el funcionario.
La medida se apoyó en el artículo 20 de la citada Ley 397-19, donde se dispone que “los recursos del Idoppril se distribuirán entre gastos administrativos, prestaciones de salud y prestaciones económicas para la protección laboral, en las proporciones que establezca su Consejo Directivo, de acuerdo al reglamento emitido por el CNSS”.
Sin embargo, incluir a Senasa en esa lista de beneficiarios genera inquietudes legales, de acuerdo al abogado Rafael Dickson, también de la rama administrativa.
“Parecería que el tema de la ARS Senasa entra dentro de una dudosa legitimidad en ese contexto, porque (la Ley 397-19) habla de ciertas protecciones que no tienen una relación directa con Ars Senasa”, alega.
Dickson recuerda que Senasa es una institución pública que administra los riesgos de salud de sus afiliados y cree cuestionable que se tome esta decisión en momentos en que esa entidad está envuelta en un escándalo por distracción y mal manejo de fondos públicos.
La legitimidad podría lograrse si este tema se introduce en la Ley General de Presupuesto del próximo año o en el Presupuesto Reformulado de este 2025, según explica Rodríguez Huerta.
La Resolución 619-08 también transfirió 6 mil millones de pesos a la Cuenta del Cuidado de Salud de las Personas del Régimen Contributivo y 1,500 millones de pesos “para inyectar los fondos de subsidios que respaldan las prestaciones económicas por enfermedad común, lactancia, y maternidad”.
En total, restó 12,500 millones de pesos a las reservas técnicas del Idoppril, las cuales alcanzarían los 55,435 millones a diciembre del 2025, según las proyecciones citadas en el documento.
En él se establece que esta mordida “no compromete la estabilidad financiera del ramo”.
