Como parte del Plan Meta RD 2036, el Gobierno tiene contemplado someter al Congreso Nacional una serie de iniciativas legislativas orientadas a modernizar sectores clave de la economía y fomentar el desarrollo sostenible.
Entre las propuestas más destacadas figuran una ley para valorizar el sargazo, otra para eliminar aranceles a los insumos tecnológicos y una para desarrollar seguros inclusivos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó ayer este conjunto de proyectos a un grupo de senadores durante un encuentro en el que explicó los ejes del Plan Meta RD 2036, que incluye 14 iniciativas de ley.
Una de las propuestas más relevantes es la que busca implementar la “valorización del sargazo” mediante un marco normativo que establezca criterios para su recogida, disposición y aprovechamiento económico.
El proyecto, denominado Ley de Protección de Zonas Turísticas contra el Sargazo, tiene como objetivo principal declarar el sargazo como residuo de manejo especia y fijar reglas claras para su gestión sostenible.
La medida apunta a resolver los desafíos que genera la llegada masiva de algas a las costas dominicanas, afectando el turismo y las comunidades costeras. También se busca fomentar iniciativas privadas de reutilización y valorización, convirtiendo el sargazo en una oportunidad.
Seguros inclusivos para mipymes
Otra iniciativa en la agenda del Gobierno es la creación de una política pública nacional de seguros inclusivos y microseguros, orientada a proteger a las mipymes, trabajadores informales, zonas rurales y sectores vulnerables.
El proyecto plantea desarrollar alianzas público-privadas y establecer incentivos fiscales y subsidios cruzados para productos básicos como salud y vivienda, así como integrar los seguros con programas sociales del Estado.
La meta es crear un marco de protección financiera que fortalezca la resiliencia económica y social y permita a los pequeños negocios y trabajadores informales recuperarse con mayor rapidez ante crisis.
Eliminar aranceles a insumos tecnológicos
En el ámbito de la transformación digital, el plan propone aplicar de manera integral el Acuerdo sobre Tecnologías de la Información (ATI), que contempla la eliminación de aranceles a insumos y productos tecnológicos a través de una ley.
La eliminación de estos aranceles, según la presentación del Gobierno, busca reducir las barreras al acceso digital, fomentar la innovación y aumentar la competitividad del país.
Reforma a la ley minera
El Gobierno también contempla una reforma integral a la Ley Minera 146-71 y a la Ley 123-71, que regula la extracción de materiales de la corteza terrestre.
Ambas normas, vigentes desde hace más de cinco décadas, “no se ajustan a los estándares ambientales, fiscales y sociales actuales, ni a las exigencias de gobernanza y sostenibilidad”.
La propuesta de reforma busca modernizar el marco regulatorio para garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos minerales, fortalecer la transparencia y asegurar que los beneficios del sector lleguen de manera justa a las comunidades afectadas, según el Gobierno.
Nuevo sistema para construcciones
Otro de los proyectos incluidos en el plan es la creación de un sistema de “fast track” o motor de riesgo para agilizar los trámites de obras de construcción.
Actualmente, según expuso Paliza, los desarrolladores enfrentan retrasos significativos por la burocracia y la lentitud en la emisión de permisos, especialmente de medio ambiente y licencias técnicas.
El nuevo mecanismo permitiría simplificar los procesos administrativos para empresas con historial de cumplimiento regulatorio, tributario y laboral, reduciendo los tiempos de aprobación sin comprometer los controles de seguridad ni los estándares ambientales.
Zona de regulación para mipymes
Finalmente, se proyecta la creación de una Zona de Regulación Experimental (ZRE) para Mipymes, un espacio controlado que permitiría probar y ajustar nuevas normas antes de su aplicación nacional.
La medida, según el planteamiento del funcionario, busca responder a la rigidez del marco regulatorio actual, que impone a las Mipymes las mismas obligaciones que a las grandes empresas, elevando los costos de formalización y cumplimiento. La ZRE permitiría ensayar regulaciones adaptadas a la realidad de los pequeños negocios.
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