Todas las diputadas y las senadoras con representación territorial presentaron este lunes un conjunto de reformas para reducir la violencia contra las mujeres y para erradicar los feminicidios en un plazo de diez años.
Las congresistas agruparon un total de 18 proyectos de ley en un pacto denominado “Déjala ir”, que tiene como fin reducir los feminicidios en un 30 % para el año 2030 y erradicarlos completamente para el 2035.
De acuerdo con la diputada perremeísta Kinsberly Taveras, quien encabeza las propuestas, el plan declararía los feminicidios y filicidios “como una emergencia nacional” y crearía la Estrategia Nacional 2030, así como el Sistema Nacional de Predicción, Protección y Prevención de la Violencia.
Taveras explicó que esta reforma surge tras meses de reuniones, debates y consultas con universidades, juristas, organizaciones sociales y comunitarias, así como con autoridades del Congreso y la Procuraduría General
Su propósito, según dijo, es consolidar una respuesta estatal coherente y sostenida que priorice la protección de las víctimas y el fortalecimiento de la justicia.
La diputada enfatizó que el plan “no responde a ideologías, sino a una causa nacional en defensa de la familia, la vida y la esperanza, y convocó a líderes políticos, religiosos, empresariales, deportivos y académicos a sumarse para hablarle directamente a los hombres sobre la violencia y la necesidad de construir nuevas masculinidades”.
Los 18 proyectos de ley de la reforma “Déjala Ir” son:
- Ley de Monitoreo Telemático: Convertirá las órdenes de alejamiento en un escudo real mediante el uso de brazaletes electrónicos y un centro de reacción inmediata.
- Ley de Protección Integral a Niñas y Adolescentes: Enfocada en combatir la violencia sexual, el embarazo forzado y la coerción reproductiva, tomando como referencia casos como el de Emily Peguero.
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Reforma de las Casas de Acogida: Transforma las actuales casas en centros de formación laboral y programas de autonomía económica.
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Modificación de la Ley 137-03 sobre Trata y Tráfico de Personas: Fortalece sanciones, crea un fondo de reparación para víctimas y combate la explotación sexual y laboral.
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Ley de Igualdad y No Discriminación: Protege contra el acoso y la exclusión en espacios laborales y educativos, promoviendo ambientes igualitarios.
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Ley de Ciberviolencia: Penaliza el acoso digital, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el grooming y la sextorsión.
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Modificación de la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos: Incorpora sanciones por violencia política contra las mujeres y fomenta la capacitación en igualdad dentro de las organizaciones partidarias.
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Ley del Sistema Nacional del Cuidado: Reconoce y profesionaliza el trabajo del cuidado como un pilar del desarrollo social.
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Ley de Educación Emocional y Masculinidades Positivas: Modifica la Ley General de Educación para incorporar trabajadores sociales en las escuelas y educación en igualdad desde las aulas.
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Ley de Justicia Especializada y Atención Humanizada: Crea tribunales y protocolos de atención a víctimas para evitar la revictimización dentro del sistema judicial.
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Ley de Empoderamiento Económico de Mujeres Víctimas: Garantiza acceso a crédito, empleo y capacitación laboral.
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Ley de Registro Unificado de Agresores: Prohíbe el acceso a armas de fuego a personas con antecedentes de violencia.
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Ley de Rehabilitación de Agresores: Establece programas obligatorios de tratamiento conductual y de adicciones.
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Ley de Prevención en Cuerpos de Seguridad: Introduce formación en masculinidades positivas y control interno de la violencia institucional dentro de las fuerzas del orden.
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Ley de Subsidio y Protección a Madres Rurales y Fronterizas: Refuerza la inclusión social y la seguridad familiar en zonas vulnerables.
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Ley de Protección Reforzada a Niños, Niñas y Víctimas Indirectas: Garantiza acompañamiento psicológico y suspensión de la patria potestad al agresor.
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Ley de Competencias Municipales para la Prevención: Amplía las responsabilidades de los ayuntamientos, creando unidades locales de atención con presupuesto garantizado.
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Ley Marco de “Déjala Ir”: Establece la Estrategia Nacional 2030, el Sistema de Predicción, Protección y Prevención, y declara los feminicidios y filicidios como emergencia nacional.
Evidencias científicas
La reforma, de acuerdo con los artículos, ordena que todas las políticas públicas y recursos estatales destinados a la prevención de la violencia se diseñen a partir de evidencias científicas en las que se incluirán las 25 causas identificadas por la academia y organismos internacionales que explican los feminicidios y filicidios.
Taveras explicó que el objetivo es que el Estado deje de reaccionar a los hechos “para convertirse en un protector activo capaz de preverlos y evitarlos” con instituciones articuladas.
Apoyo judicial
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresó su respaldo a la iniciativa, destacando que el país necesita medidas estructurales para reducir la violencia y fortalecer la educación emocional.
Consideró que las políticas públicas deben no solo condenar la violencia, sino dotar a los hombres de herramientas para gestionar la ira y las emociones, al tiempo que las mujeres también deben contribuir desde la educación de sus hijos en la igualdad y el respeto.
Proyectos serán agilizados
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunciaron que los proyectos serán priorizados en la agenda legislativa y que se analiza la creación de una comisión bicameral para agilizar su estudio.
Ambos coincidieron en que el plan representa un compromiso institucional del Congreso con la vida, la familia y la justicia, y reconocieron la magnitud de la tarea de erradicar los feminicidios y la violencia en todas sus formas.
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